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El anteproyecto de ley de informantes: delación y Estado de Derecho

El anteproyecto de ley de informantes: delación y Estado de Derecho

Queramos o no, todo el 'whistleblowing program' tiene alma de inquisición, en el que para obtener la verdad se paga un alto precio en términos de garantías.

El Estado español va a afrontar la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 sobre protección jurídica de informantes ('whistleblowing'). El Anteproyecto de ley diseña la red jurídica de protección que se pretende otorgar a los delatores de infracciones normativas en el marco de la lucha contra la corrupción, que fueren conocidas en un contexto de relación laboral o profesional, tanto en el sector público como privado.

Tales altos bondadosos designios comienzan por articularse a través de un régimen jurídico vago e inconcreto, que puede resultar insatisfactorio en atención a las garantías del Estado de Derecho. Así, el estatuto del informante abraza todo tipo de denuncias sobre infracciones del derecho de la Unión, de carácter administrativo o de naturaleza penal, pudiendo extenderse a cualquier vulneración del orden jurídico, siempre que aquella afecte al interés general. Este último concepto es como el relativo al "sentido común" en el comportamiento del ser humano; todo el mundo alude a él sin saber el alcance de su significado.

 

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